Si no hay justicia... hay funa.

 

ILAS

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Por Yuri Gahona

La democracia post-dictadura y su proceso de transición, ha dejado inconcluso el problema de los derechos humanos en sus sentidos más profundos.

Las políticas  propuestas frente a las violaciones a los derechos humanos más graves fundamentalmente aquellas señaladas, por la Comisión de Verdad y Reconciliación, como violencia con resultado de muerte[1], han ido quedando sistemáticamente relegadas al olvido y agrupadas en largos procesos judiciales como una táctica de desistir en la búsqueda de la  Verdad y Justicia en cada uno de los casos. Al mismo tiempo delitos como la tortura,  allanamientos masivos en distintas poblaciones del país,  relegación, exilio, delitos económicos, etc., nunca fueron investigados regularmente por el Estado. De esta manera, para la sociedad chilena ha sido muy difícil conocer y cuantificar  tanto la magnitud, como el impacto[2] de la violencia generada desde el Estado.

Por lo tanto, respecto de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado reciente, está en deuda con la verdad y la reconstrucción compensada y sólo ha sido suplida (o representada?) en sus aspectos más formales que  simbólicos. La creación de la Oficina Nacional de Retorno, el programa PRAIS, la Corporación de Reparación y Reconciliación, y el Programa de Reconocimiento del Exonerado Político, han significado, de alguna manera, reparar el daño causado, pero sin facultades para la recreación del pasado y la consecuente y necesaria elaboración. Lo que se ha hecho, más bien, ha sido atenuar los efectos de estas violaciones en el presente y posteriormente a través  de compensaciones materiales, expresadas en medidas como pensiones de gracia, reconocimiento de años de servicio, reincorporaciones, etc.

A lo anterior se suma, la vigencia del decreto ley 2.191 de 1978 firmada por los entonces ministros del régimen militar, Mónica Madariaga y Sergio Fernández relacionado con el ocultamiento de los autores materiales,  encubridores y cómplices de estos delitos; la ineficacia de la Mesa de Diálogo como estrategia de acercamiento a la verdad y la permanente intención de los gobiernos de la Concertación por mantener velados los nombres de los represores, bajo el amparo de la Ley Secreto. (OJO: colocar número de la ley ). Todo ello, ha hecho inviable dos de los compromisos más grandes de la Concertación de Partidos por la Democracia, la Verdad y la Justicia.

Todas las medidas anteriores, se han impulsado en nombre de la Reconciliación y la paz entre los chilenos. Este  permanente intento de reconciliación basado en el ocultamiento de la verdad y de la “justicia en la medida de lo posible[3], deja en desigualdad de condiciones a las víctimas con los victimarios, para estos últimos no hay sanción penal ya que muchos de estos delitos quedan al amparo de la Ley de Amnistía de 1978, a pesar de las interpretaciones que tienen algunos jueces, respecto del los casos de Detenidos Desaparecidos, partidarios de la tesis del secuestro permanente.

Paradojalmente, cada vez que la justicia logra avanzar en algunos procesos y condenas, la democracia se torna  inestable. Un   claro ejemplo claro de esta compleja situación, se vivió en el  período cercano al año 1990, con movimientos militares que insinuaron la posibilidad de un nuevo golpe de estado[4], reeditando el temor y el miedo que facilitó la acción el Terrorismo de Estado. Así mismo, el proceso contra Pinochet, algo impensado por la mayoría de los chilenos, abrió esperanzas para avanzar en la aplicación de Justicia. Pero el tiempo demostró que tanto para Pinochet, como para las Fuerzas Armadas, la impunidad sigue siendo la manera de encubrir su participación en los delitos cometidos.

La vigencia de la impunidad, las políticas de olvido y de silencio expresadas por los medios de comunicación y por altos personeros de la Concertación con llamados explícitos a no recurrir a la justicia en los casos de tortura[5], agregado a ello las insignificantes  medidas reparatorias de carácter simbólico[6] referidas a la restitución de la dignidad de quienes fueron víctimas de la represión, así como la reconstrucción y valorización de la memoria sobre el pasado reciente; la profundización de la desigualdad en lo económico, social y cultural; la imposibilidad material de hacer efectivas las exigencias de las organizaciones de derechos humanos en materia de Verdad, Justicia y Reparación[7], nace la FUNA[8].

HIJOS -organización de derechos humanos, integrada fundamentalmente, por familiares jóvenes de víctimas de violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica y Europa- comienza a gestar la idea de trabajar en contra de la impunidad develándola, sin demandar de los canales formales sanción punitiva, sino arriesgarse por la sanción social que condena estos hechos, poniendo el acento en el NUNCA MÁS. La idea es la copia de la experiencia de Argentina y la de otros países de América Latina y Europa conocida como Escrache.

El escrache o FUNA sostiene como idea fundamental “vivir la justicia, o realizar acciones de justicia social, identificando los responsables de estos delitos[9] y al mismo tiempo centrando la acción en la responsabilidad colectiva frente a la impunidad. De este modo la FUNA,  pone el acento en la responsabilidad social del cambio y de la responsabilidad colectiva de recrear la memoria y hacer frente al olvido como parte de la tarea de democratización de las sociedades post-dictaduras.

Los consensos básicos y/u objetivos de la FUNA son:

1.      No a la Impunidad.

2.      Reconstrucción de la memoria histórica.

3.      Contra el Olvido.

4.      Rescate del carácter de luchadores sociales de aquellos que no están.

5.      Ampliar el concepto de Derechos Humanos.

La FUNA como movimiento social[10], como acción callejera y democrática[11], almacena contenidos de la memoria de la represión como los casos de tortura o violación de mujeres indefensas, y otros relacionados con las violaciones a los derechos humanos. Esto permite al “observador” confrontar consigo mismo estos contenidos olvidados, silenciados, lo que contribuiría a superar aquellos conflictos personales y sociales que podrían generarse, a partir del situación judicial en que se encuentran los procesos de derechos humanos.  Ello asociado al imaginario social de la verdad, la justicia y otros valores reconocidos como “elementales” para la convivencia democrática, evidencian así la relación existente entre estos antecedentes y la impunidad-silencio que envuelven estos crímenes y los criminales. La Funa se viene realizando desde el 1º de octubre del año 1999.

La FUNA es profundamente democrática, pues la democracia e también la capacidad de la población de expresar sus inquietudes, sus necesidades, sus aspiraciones y anhelos. La FUNA es una expresión propia de la juventud, de una juventud que no es indiferente, que cree que tienen algo que decir y que quiere contribuir a la creación del mundo en que cabe vivir. Un mundo de verdad, de justicia, de vencer el temor, de rechazo a la impunidad y a la censura… La FUNA expresa el derecho ciudadano a saber con quienes convivimos, expresa el derecho ciudadano a expresarse pacíficamente por las calles y exponer los hechos ocultos de la historia reciente.

Las acciones de la FUNA son de carácter pacífico, consiste en la entrega de un volante con toda la información relativa al (la) “funado (a)”, contiene información jurídica respecto de los procesos judiciales donde están procesados o citados a declarar. También menciona cada uno de los casos de desaparecimiento, ejecución o torturas en que estuvo involucrado. El volante incluye una foto del represor (a), dirección y número de teléfono. En cada manifestación se procura que haya mucho colorido, algún tipo de batucada o murga, también el uso de pitos o cualquier instrumento que produzca “bulla” de tal modo de llamar la atención de quienes circulan cerca de una manifestación FUNA.

También son manifestaciones donde prima la participación del colectivo, por ejemplo, el volante es leído en voz alta por todos los participantes. Se pretende que sean acciones rápidas que impidan la acción represiva como un modo de asegurar la realización de la FUNA, en el barrio o en los lugares de trabajo de los (as) funados (as), El objetivo es asegurar que sobrevenga la condena moral que esperamos de la sociedad. Se cambia el tradicional grito por canciones con slogans sobre la verdad, la justicia, la impunidad, contra los consensos relativos al tema de derechos humanos. Está abierta a la participación de partidos políticos, pero ratificando con claridad que la FUNA no adscribe a ninguna militancia en particular.

Más allá de la agitación que realiza la FUNA, ésta produce efectos posteriores, que podemos denominar “efecto funa”, en el cual otros actores, que no  forman parte de la   comisión funa, ni los familiares directos, ni los organismos de derechos humanos, ni las instituciones formales que deben velar por el cumplimiento de la justicia, se hagan cargo en forma individual o colectiva de la justicia social a la que convoca la FUNA. En consecuencia,  las consultas de los médicos torturadores de la DINA han dejado de tener pacientes o han cambiado de lugar; las empresas de los torturadores, cómplices o encubridores han debido cambiar de domicilio; los represores han debido cambiar de casa, de números de teléfono por peticiones expresas de las juntas de vecinos por ejemplo.

En pequeña escala, la sociedad civil ha comenzado a hacerse parte del proceso de sanación necesario para enfrentar un futuro distinto e incluso la posibilidad misma de reconstruirlo. De hecho, el “efecto funa” ha tenido repercusiones a lo largo de Chile. Ejemplo de ello son los casos de Arica y Valparaíso, donde se han realizado funas regionales, sin que la organización FUNA en Santiago haya intervenido. Destacan, también, las FUNAS realizadas por  las organizaciones de Derechos Humanos de Renca, personas y organizaciones de salud mental de la Zona Sur de Santiago, organizaciones de derechos humanos de Maipú, de Buin y San Bernardo, las cuales, además, las han replicado en sus comunas como una forma de continuar el esfuerzo de traer a la memoria lo que por tanto tiempo estuvo prohibido.

En este sentido la FUNA permite desarrollar dos procesos paralelos. Por una parte,  poder enfrentar y confrontar la impunidad, cara a cara, con la verdad de lo ocurrido y los responsables de esos sucesos, y por otra, poder generar mecanismos de reparación de quienes fueron víctimas. Al mismo tiempo, permite hacerse cargo de la historia oculta de la represión que afectó a sectores más colectivos como la familia, las organizaciones sociales de base, los partidos políticos, los sindicatos, los colegios, los gremios agrarios, etc. Es decir, toca y repara de algún modo, procesos personales relacionados con la historia de la represión en todos los planos donde esta operó. En este sentido, la FUNA, sea quizá una de las pocas alternativas donde las esperanzas y los deseos de muchas organizaciones de derechos humanos se ponen en práctica, las demandas de verdad, justicia, juicio, castigo, reparación, memoria, entre otras. Y así no instalar el llamado “problema de los derechos humanos” sólo en las agrupaciones de familiares o de sobrevivientes, sino en toda la sociedad. También permite en la práctica, ampliar el concepto de derechos humanos, aplicado no sólo a las violaciones de estos derechos, sino también en la vida cotidiana, como el derecho a la información, al trabajo, a la vivienda, a la educación.

Hasta ahora la FUNA ha sido exitosa, convocando a más de mil personas en una sola manifestación. Sin embargo, a partir de la FUNA a Ricardo Claro, la represión se impuso más fuertemente. Al parecer la relación poder político - poder económico se ve vulnerado con expresiones que canalizan demandas populares tan aceptadas como la FUNA.

Finalmente el gran objetivo de la FUNA es aportar a la creación de una cultura por los derechos humanos, donde se haga efectivo el  NUNCA MÁS.


[1] Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Santiago, febrero 1991. Tomo I. Ministerio Secretaría General de Gobierno.

[2] Algunas referencias acerca del impacto de la amenaza y el miedo, pueden encontrarse en Lira, Elizabeth y María Isabel Castillo. “Psicología de la Amenaza Política y del Miedo”. ILAS. Santiago, 1991. Especialmente el capítulo VII.  Consecuencias psicosociales y políticas del miedo.

[3] Aylwin, Patricio. La transición chilena. Discursos escogidos 1990 – 1992. Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile.

[4] Nos referimos al ejercicio de Alistamiento y Enlace, y al “Boinazo”.

[5] Declaraciones del Ministro José Miguel Insulza. Denuncias por torturas "…no contribuye a la paz social ni al bienestar del país"

http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/detalle_noticia.asp?id_noticia=22157

[6] Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Tomo II, Cuarta Parte, Capítulo I. Propuestas de Reparación.

[7] Las distintas organizaciones tanto de familiares como otras que trabajan en derechos humanos, crearon propuestas de reparación complementarias a las del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación.

[8] Boletín de la comisión FUNA. Año 1, Nº1. Mayo 2000. Editorial: “…La funa existe para derrotar el olvido, sobrepasar la indiferencia social, terminar con la impunidad y aportar en el camino de la verdad, justicia y verdadera democracia”

[9] Lista de los “funados” Doctor Alejandro Forero Alvarez, cardiólogo que perteneció al Comando Conjunto; José "Muñeca del Diablo" Aravena Ruiz, torturador de la DINA; Manuel "Papi" Rivas Díaz, torturador de la DINA que trabajó en la Venda Sexy; Emilio Sajuria Alvear que era parte de las empresas de fachada de la DINA; Gerardo Urrich González, de la Brigada Purén de la DINA; Spartaco Salas Mercado que fue parte de la DINA y de los grupos represivos de Carabineros; Operación Cóndor: Acción conjunta con Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil, España, Francia, Suecia, Suiza e Inglaterra, para denunciar la Operación que involucró a los servicios de inteligencia del cono sur en una red criminal. En Chile denunciamos a Miguel Krassnoff Martchenko, jefe de cuarteles de tortura de la DINA; Beatríz Undurraga, periodista pagada por Manuel Contreras para que inventara noticias que escondieran los crímenes de la DINA, entre ellos el de Marta Ugarte; Germán Barriga Muñoz, torturador y asesino de la DINA; Werner Zanghellini, cardiólogo que le inyectó el virus de la rabia a Jorge Fuentes; Ricardo Claro y Gustavo Ross Ossa por haber retenido y entregado a Carabineros a los dirigentes de ELECMETAL, con la complacencia del resto del directorio compuesto además por Danilo Garafulic, Raúl Briones y de haber entregado sus barcos, de la Compañía Sudamericana de Vapores, para que fueran torturados y lanzados al mar prisioneros políticos; La Esmeralda, luego de recibir manifestaciones contrarias en muchos de los puertos que recorrió en su viaje; José "Quico" Yévenes, carabinero que perteneció al grupo Halcón de la DINA, donde ejercía funciones de torturador; Roberto Lailhacar Chávez, psiquiatra, miembro de la Brigada de Sanidad de la DINA; Haroldo Latorre Sánchez, dueño del Colegio Instituto O'Higgins, quien en los primeros días del golpe militar secuestró del Liceo Politécnico de Maipú al joven estudiante José Flores; Ricardo Lawrence Mires, un jefe de grupo operativo de la DINA implicado en numerosos casos de torturas, desapariciones y ejecuciones; Sergio Muñoz Bonta, dentista de la Brigada de Sanidad de la DINA; Juán Viterbo Chiminelli Fullerton, es Oficial de Ejército de la Rama de la Caballería, salido de la promoción de 1967. En 1973 se desempeñaba en el Comando de Aviación y fue uno de los criminales que acompañó al sur y norte del país al General Sergio Arellano Stark en la "Caravana de la Muerte".

[10] Rocher, Guy. Introducción a la Sociología General. Editorial Herder. Barcelona, 1977, p.p: 532

 

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